El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 su renuncia al cargo, en medio de una profunda crisis política y financiera provocada por el colapso de Ueno Bank, una institución bancaria vinculada a un grupo empresarial del que anteriormente fue accionista.
La decisión del mandatario se produjo mientras el Congreso paraguayo avanzaba en la discusión de un juicio político en su contra, impulsado por señalamientos de posibles conflictos de intereses y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos.
La crisis comenzó después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank al detectar graves problemas de solvencia. La medida provocó la suspensión de sus operaciones y dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso inmediato a sus cuentas y ahorros.
El caso adquirió mayores dimensiones debido a que la institución financiera administraba aproximadamente 800 millones de dólares provenientes de organismos públicos, incluidos recursos destinados a pensiones y servicios de salud.
Las investigaciones y los cuestionamientos políticos también alcanzaron a Peña, quien mantuvo vínculos empresariales con el grupo relacionado con la institución bancaria hasta 2025.
Legisladores de oposición acusaron al mandatario de posibles conflictos de intereses y exigieron esclarecer las condiciones en las que importantes cantidades de dinero público fueron depositadas en el banco.
La presión política aumentó cuando integrantes de su propio Partido Colorado comenzaron a respaldar su salida del poder, mientras ciudadanos afectados por la crisis financiera realizaron manifestaciones para exigir la recuperación de sus ahorros.
Ante este escenario, Peña comunicó su decisión de abandonar la Presidencia, argumentando que buscaba preservar la estabilidad nacional, la paz social y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
El mandatario también expresó su preocupación por las familias afectadas y pidió garantizar la devolución de los recursos depositados en la institución financiera.
Por su parte, las autoridades paraguayas iniciaron investigaciones sobre las presuntas irregularidades bancarias, que incluyen la detención de directivos y la revisión de operaciones financieras relacionadas con la entidad.
Tras la presentación de su renuncia, corresponde al Congreso aceptar formalmente la dimisión. Conforme al procedimiento constitucional, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la Presidencia para completar el periodo gubernamental previsto hasta agosto de 2028.
La salida de Santiago Peña representa una de las crisis políticas más importantes de los últimos años en Paraguay, mientras las autoridades enfrentan el desafío de recuperar los recursos de los ahorradores, determinar responsabilidades y restablecer la confianza en el sistema financiero.
