A pesar de que la llamada Ley Silla entró oficialmente en vigor el pasado 17 de junio, trabajadores de distintos sectores denuncian que su implementación ha sido parcial, condicionada o inexistente. La reforma a la Ley Federal del Trabajo obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo para que los trabajadores puedan sentarse durante su jornada laboral, pero en la práctica, la norma no se respeta al 100%.
Aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2023, esta reforma dio un plazo de 180 días para que las empresas adquirieran e instalaran los asientos. Al cumplirse el plazo, muchos centros laborales aún no han habilitado el mobiliario adecuado, lo que ha generado inconformidad y reportes en redes sociales.
Cuentas como Yo por las 40 horas han recopilado denuncias de trabajadores que relatan que en lugares como tiendas departamentales, comercios y fábricas, las sillas escasean o se restringe su uso. En algunos casos, como en Pandora, se entregó solo una silla para tres empleados; en Palacio de Hierro Interlomas, los vendedores solo cuentan con una silla en las terminales de venta.
“Las pidieron por Mercado Libre pero aún no llegan”, reportó un trabajador, mientras que otros mencionan que los descansos permitidos se condicionan a no usar el celular, o simplemente no se permiten.
Riesgos a la salud por largas jornadas de pie
El incumplimiento de la Ley Silla va más allá del aspecto normativo: tiene consecuencias directas en la salud de los trabajadores. Según el médico David Sánchez Monroy, entrevistado por la UNAM, estar de pie por más de dos horas seguidas puede causar várices, fatiga crónica, dolores lumbares e inflamación en piernas. El IMSS, por su parte, atiende cada año a más de 30 mil personas con fascitis plantar, una dolencia relacionada con este tipo de condiciones laborales.
Falta voluntad empresarial
La diputada Patricia Mercado, promotora de la iniciativa, compartió que incluso un empleador que quiso experimentar una jornada de pie terminó con fiebre y dolores. Aun así, la resistencia del sector empresarial ha sido evidente, al igual que su reticencia ante otras reformas como la reducción de la jornada laboral.
La ley ya es obligatoria, pero su cumplimiento real aún depende más de la presión social y la denuncia pública que de la vigilancia institucional. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá aplicar sanciones, pero se requiere supervisión activa y compromiso por parte de los empleadores.
Mientras tanto, cientos de trabajadores siguen de pie, esperando que este nuevo derecho laboral no se quede en papel.