Ciudad de México, 8 de agosto de 2026. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de la apoderada legal de una empresa vinculada al empresario Ruffo, señalada por su presunta participación en una red de sustracción y comercialización ilegal de combustibles en el norte del país.
De acuerdo con información publicada por Excélsior, la captura se realizó tras una investigación conjunta entre la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que detectaron operaciones irregulares en el transporte y almacenamiento de hidrocarburos, así como movimientos financieros que apuntan al uso de empresas fachada para el desvío de combustible proveniente de ductos de Pemex.
Las autoridades federales detallaron que la detenida fungía como representante legal de una compañía dedicada al transporte de hidrocarburos, la cual habría participado en la compra y distribución de combustible robado en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que rastreó transferencias millonarias vinculadas a la red de huachicol.
Según los reportes oficiales, la apoderada legal fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Femenil de Morelos, donde enfrentará cargos por delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y lavado de dinero.
La investigación forma parte de la estrategia nacional contra el huachicol, que ha derivado en más de 200 detenciones en lo que va del año, incluyendo empresarios, transportistas y funcionarios públicos. Fuentes cercanas al caso señalaron que la red operaba bajo un esquema de venta simulada de combustible, utilizando facturas falsas y permisos apócrifos para justificar el traslado de hidrocarburos sustraídos de ductos de Pemex.
El nombre del empresario Ruffo aparece en los registros de la empresa investigada, aunque hasta el momento no se ha emitido orden de aprehensión en su contra. La FGR indicó que continúa recabando pruebas para determinar el grado de participación de los socios y representantes de la compañía.
Expertos en seguridad energética advirtieron que este caso podría ser uno de los más relevantes del año en materia de combate al robo de combustible, debido a la presunta participación de actores empresariales con vínculos políticos y financieros. Por su parte, organizaciones civiles exigieron transparencia en el proceso y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables.
