Zacatecas, 08/08/26 (Más).- Familiares de una de las 10 personas asesinadas en Zacatecas el pasado 18 de julio cuestionaron la versión pública sobre la masacre y señalaron que el crimen pudo estar relacionado con disputas políticas, acuerdos entre grupos delictivos y presiones hacia autoridades estatales y federales.
De acuerdo con información de Eme Equis, familiares de una de las víctimas, quienes solicitaron mantener sus identidades bajo reserva, aseguraron que su pariente fue privado de la libertad a plena luz del día en el municipio de Jiménez del Teul, después de haber sido citado por teléfono en las inmediaciones del Centro Deportivo Las Canoas.
Según su testimonio, varias personas se encontraban realizando actividades deportivas cuando ocurrió el secuestro. La camioneta de la víctima quedó abandonada en el sitio y no volvieron a tener noticias de él sino hasta la noche siguiente, cuando fueron informados de que su cuerpo había sido localizado en Sain Alto, junto al de otras personas.
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Los familiares afirmaron que algunos testigos abandonaron el municipio después de los hechos y que quienes permanecieron en la localidad se niegan a hablar por temor a represalias. También señalaron que existe desconfianza hacia las corporaciones de seguridad y acusaron que habitantes de la zona conviven con grupos armados que circulan abiertamente.
La masacre dejó 10 víctimas cuyos cuerpos fueron abandonados en distintos municipios de Zacatecas. Entre los fallecidos se encontraban empresarios, un bombero, un productor agropecuario y dos exfuncionarios, incluido Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete.
Los entrevistados sostuvieron que su familiar fue localizado junto a Castrejón Valdez y Andrés Vázquez Gurrola, exregidor de Canatlán, Durango, a un costado de la Carretera Federal 45, en el tramo Sain Alto-Sombrerete, cerca del acceso a la comunidad de Santa Anita.
Los familiares también cuestionaron la forma en que las autoridades estatales han comunicado los hechos y aseguraron que se pidió a las familias evitar entrevistas o comunicados para no interferir con las investigaciones. Frente a ello, dijeron, existe una versión distinta entre habitantes de Jiménez del Teul respecto de la forma en que ocurrieron los asesinatos.
Constanza y Gustavo, nombres utilizados para proteger la identidad de los entrevistados, atribuyeron el crimen a un grupo criminal local que, según su versión, actualmente mantiene una alianza con La Mayiza y con una célula identificada como Los Cabrera Sarabia.
Los familiares señalaron a Rolando Herrera, conocido como “El Rolandillo”, como presunto dirigente de esa estructura. Las acusaciones forman parte de los testimonios recabados por el medio y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal.
De acuerdo con los entrevistados, más de 500 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, corporaciones estatales y Fuerzas Especiales de la Defensa fueron desplegados después de la masacre. Sin embargo, sostuvieron que los grupos criminales se repliegan hacia otras localidades y regresan una vez que concluyen los operativos.
Los familiares consideraron que los asesinatos pudieron tener un componente político y electoral relacionado con los comicios de 2027. A su juicio, las víctimas habrían sido seleccionadas para enviar un mensaje a empresarios, ganaderos, productores y otros sectores con influencia en las comunidades.
Gustavo sostuvo que, desde su perspectiva, las víctimas no fueron elegidas al azar y que entre ellas había personas consideradas críticas de los Monreal y de Morena. Constanza planteó que el objetivo pudo ser advertir a sectores productivos sobre las consecuencias de no respaldar al grupo político que, según su interpretación, busca conservar la hegemonía en el estado.
En sus declaraciones mencionaron a Verónica Díaz Robles, senadora por Zacatecas y excuñada del gobernador David Monreal Ávila, como una de las figuras relacionadas con el escenario electoral que se avecina. Estas afirmaciones corresponden a las hipótesis expresadas por los familiares y no a conclusiones oficiales sobre el móvil de los asesinatos.
Otra de las posibilidades planteadas por los entrevistados es que la violencia sea consecuencia de acuerdos incumplidos entre funcionarios y organizaciones criminales. Según su versión, la ruptura de supuestos pactos habría provocado enfrentamientos y acciones de presión contra distintos actores políticos y sociales.
Los familiares también relacionaron la masacre con la actuación de las fuerzas federales y con posibles diferencias entre autoridades civiles y militares. En particular, mencionaron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y señalaron que algunos grupos criminales podrían interpretar determinados operativos como acciones realizadas sin coordinación con las estructuras locales.
Como antecedente, citaron un operativo realizado el 8 de junio de 2026 en un rancho ubicado en San Miguel de Casa Blanca, Durango, donde, según el relato, fueron asegurados vehículos de lujo, droga y armas, además de registrarse acciones contra integrantes de Los Cabrera. Los entrevistados consideraron que ese operativo pudo haber provocado una reacción violenta.
El secretario general de Gobierno de Durango, Héctor Eduardo Vela Valenzuela, calificó aquella intervención como un acto de autoridad y señaló que se trató de una operación que correspondía a la Fiscalía General de la República y en la que las autoridades estatales no fueron notificadas.
Otro elemento señalado por los familiares fue una cartulina localizada junto a cinco cuerpos colgados en un puente vehicular de Pozo de Gamboa, sobre la Carretera Federal 54, en Pánuco. El mensaje hacía referencia a “El Señor de la Noche”, sobrenombre que los entrevistados asociaron con García Harfuch.
El apodo no cuenta, de acuerdo con la información proporcionada, con una identificación oficial de su destinatario. Los familiares interpretaron el mensaje como una referencia al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y consideraron que podría tratarse de una advertencia relacionada con los operativos federales.
También plantearon que la comunicación entre autoridades y grupos criminales se habría deteriorado y que esta situación estaría generando acciones descoordinadas entre distintas células delictivas. Afirmaron que la pérdida de canales de comunicación habría incrementado la violencia y dejado a ciudadanos sin protección.
Los familiares exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum reforzar la seguridad y garantizar que las autoridades detengan a los responsables de los hechos. También pidieron al gobernador David Monreal Ávila recuperar las condiciones de seguridad y el Estado de derecho en las comunidades y carreteras de Zacatecas.
A García Harfuch le solicitaron investigar a fondo los mensajes encontrados junto a los cuerpos y actuar contra los responsables. Al fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, le reclamaron que no se atribuyan delitos a personas que, según ellos, son inocentes y que las investigaciones se dirijan contra los verdaderos responsables.
Respecto del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, los entrevistados pidieron brindar certeza jurídica a los elementos militares para que puedan actuar conforme a derecho y asumir su responsabilidad en las tareas de seguridad desplegadas en las calles.
Uno de los principales reclamos de los familiares es lo que consideran una revictimización de las personas asesinadas. Negaron que sus parientes estuvieran involucrados con actividades criminales y los describieron como trabajadores que mantenían vínculos con sus comunidades y apoyaban a vecinos en distintas circunstancias.
Los entrevistados rechazaron particularmente versiones que, según afirmaron, relacionan a algunas víctimas con extorsiones. Aseguraron que esas acusaciones dañan la memoria de los fallecidos y desvían la atención de las personas que, a su juicio, deben ser investigadas por los homicidios.
La versión de los familiares plantea así una hipótesis distinta sobre la masacre del 18 de julio: un crimen que, además de la disputa entre grupos delictivos, podría haber tenido componentes de presión política, rupturas de acuerdos y mensajes dirigidos a autoridades y sectores productivos.
Las afirmaciones sobre los posibles autores intelectuales y materiales, los presuntos vínculos políticos y el móvil electoral forman parte de los testimonios recogidos por Eme Equis y deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes de las autoridades ministeriales.
