El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el municipio de Ensenada, en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.
De acuerdo con la FGR, la captura deriva de una investigación de alta complejidad relacionada con presuntas operaciones de contrabando de hidrocarburos realizadas a través de la empresa Ingemar, fundada por el exmandatario. El Ministerio Público Federal señaló que obtuvo de un juez la orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos antes mencionados.
Tras su detención, Ruffo Appel fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Zona Río de Tijuana, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial para continuar con el procedimiento legal.
La investigación forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de México contra una presunta red dedicada al ingreso ilegal de combustible desde Estados Unidos. Según las autoridades, la organización utilizaba principalmente el transporte ferroviario para introducir hidrocarburos al país, declarando los cargamentos como aditivos, aceites u otros productos, o reportando volúmenes inferiores a los realmente transportados, con el propósito de evadir el pago de impuestos y ocultar el origen del combustible.
La FGR sostiene que en este esquema presuntamente participaban empresas importadoras, agentes aduanales, operadores ferroviarios y compañías encargadas del manejo financiero de los recursos, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de las operaciones.
Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia de México, al obtener la gubernatura de Baja California por el Partido Acción Nacional (PAN), cargo que desempeñó de 1989 a 1995.
Tras conocerse la detención, la organización política Somos México manifestó su respaldo al exgobernador y exigió su liberación inmediata. En un pronunciamiento público, calificó la actuación de la FGR como un “atropello”, afirmó que el caso busca desviar la atención de presuntos vínculos entre funcionarios y grupos delictivos y rechazó los señalamientos por huachicol fiscal, además de defender la trayectoria política y empresarial de Ruffo Appel.
Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre la fecha de la audiencia inicial ni sobre nuevas diligencias relacionadas con el caso. Conforme al sistema de justicia penal mexicano, toda persona imputada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
