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    Inicio Nacional Documentan 94 mdp en beneficio de hijos de Rocha Moya

    Documentan 94 mdp en beneficio de hijos de Rocha Moya

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    Una investigación de El Universal señala que empresas vinculadas con los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa y sus socios recibieron contratos y compras gubernamentales durante más de 15 años. También documenta adjudicaciones directas y productos adquiridos a precios superiores a los del mercado.

    Una investigación periodística publicada por El Universal documentó que los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como personas cercanas a su círculo familiar y empresarial, habrían obtenido beneficios económicos por alrededor de 94 millones de pesos mediante contratos y operaciones con dependencias públicas.

    De acuerdo con el reportaje, los negocios vinculados con los hijos del mandatario comenzaron a recibir contratos desde 2009, cuando Rubén y Ricardo Rocha Ruiz fundaron la constructora Chocosa, que obtuvo su primer convenio con la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa apenas ocho meses después de su creación.

    La investigación recuerda que, entre 2010 y mediados de 2018, dicha compañía acumuló aproximadamente 64 millones de pesos en contratos con el Gobierno estatal, el Ayuntamiento de Culiacán, el municipio de Mocorito y juntas de agua potable.

    El reportaje también identifica otras empresas creadas por los hijos de Rocha Moya y personas cercanas. Entre ellas destaca Grupo Rofcar, fundada por José Jesús Rocha Ruiz, que comenzó a recibir contratos públicos en diciembre de 2021, apenas un mes después de que su padre asumiera la gubernatura.

    Según la información recopilada por El Universal, la compañía vendió baterías y acumuladores al Sistema DIF estatal, entonces presidido honoríficamente por Eneyda Rocha Ruiz, hermana del propietario. También obtuvo operaciones comerciales con dependencias de Salud y la Junta Municipal de Agua Potable de Culiacán.

    ADJUDICACIONES DIRECTAS Y PRECIOS ELEVADOS

    La investigación señala que Grupo Rofcar y sus socios también realizaron negocios con distintas instituciones públicas. Entre diciembre de 2021 y noviembre de 2024, las operaciones documentadas de los tres proveedores habrían sumado alrededor de 29 millones de pesos.

    De los 14 contratos y 547 órdenes de compra revisados, únicamente uno correspondió a una licitación pública; los demás fueron adjudicaciones directas.

    Uno de los casos señalados es el de Frutas y Verduras de ElDorado, propiedad de José Carlos Cárdenas Mellado, quien posteriormente fue nombrado director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

    El reportaje expone que, durante 2023, la empresa vendió alimentos al Sistema DIF estatal para espacios de atención a menores y adultos mayores. Al comparar las facturas con los precios registrados en el Mercado de Abastos de Culiacán, los periodistas identificaron productos con costos de hasta cuatro veces por encima del valor de referencia.

    Entre los ejemplos mencionados figuran el kilo de chayote facturado en 81 pesos, cuando su precio de mercado era de 18.40 pesos; piezas de elote en 20 pesos, frente a seis pesos, y lechugas romanas en 47 pesos, cuando se cotizaban en 17 pesos.

    PIDEN INVESTIGAR POSIBLES IRREGULARIDADES

    El trabajo periodístico también documenta que, en mayo de 2026, el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa presentó una propuesta ante el Sistema Estatal Anticorrupción para solicitar que se investigaran posibles conflictos de interés y otras irregularidades relacionadas con los contratos.

    Sin embargo, su presidenta, Raquel Zapien, declaró a El Universal que la propuesta no fue sometida a votación ni recibió seguimiento por parte de los representantes de las instituciones que integran el sistema.

    Por su parte, la diputada local Paola Gárate consideró necesaria la intervención de instancias federales, como la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, para revisar las operaciones documentadas.

    La investigación se elaboró mediante solicitudes de información pública dirigidas a dependencias estatales, municipios y organismos operadores de agua, además de la revisión de facturas, contratos y órdenes de compra.

    Fuente: El Universal.