Además, tras la muerte de Monserrat durante una cirugía de emergencia, sus siete hijos quedaron huérfanos; familiares exigen justicia.
Una clínica ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo volvió a quedar bajo el escrutinio público tras la muerte de Monserrat, una mujer de aproximadamente 30 años que falleció luego de someterse a una cirugía de emergencia de vesícula en el hospital MaxMedic.
El caso se suma a otras denuncias por presunta negligencia médica vinculadas a la misma red de especialistas.
La muerte de Monserrat ocurrió mientras la opinión pública seguía de cerca el caso de Fernanda, una adolescente de 15 años que sufrió daño cerebral permanente tras una rinoplastia realizada en las mismas instalaciones.
A diferencia del procedimiento estético practicado a la menor, la intervención de Monserrat era necesaria; sin embargo, el desenlace fue fatal y dejó en la orfandad a siete hijos.
De acuerdo con familiares de la víctima, los médicos únicamente informaron que la cirugía “se complicó” y posteriormente entregaron el cuerpo sin vida. La falta de explicaciones claras detonó protestas y bloqueos en vialidades como Río San Joaquín, donde los deudos exigieron justicia y una investigación a fondo.
El caso de Monserrat se encuentra estrechamente relacionado con el de Fernanda, quien pidió una rinoplastia como regalo por sus XV años. La operación, realizada el 24 de agosto de 2025, derivó en un infarto cerebral, presuntamente provocado por la obstrucción de una arteria que conecta la nariz con el cerebro. Desde entonces, la joven presenta parálisis en el brazo y la pierna derechos, pérdida de memoria y severas afectaciones cognitivas, además de requerir rehabilitación especializada y medicación constante para evitar convulsiones.
Las investigaciones y denuncias públicas han puesto bajo la lupa al cirujano Carlos Ortigosa Sequeiros, propietario de la clínica Sequeiros Beauty, así como a su pareja, Yasmín Martínez. Según la información difundida, Martínez se ostentaba como médica anestesióloga durante los procedimientos, pese a que no cuenta con estudios en medicina.
Registros oficiales indican que Martínez es licenciada en administración y dirección, por lo que carece de la formación y especialidad necesarias para participar en cirugías. Aun así, presuntamente era la responsable de monitorear a los pacientes.
En el caso de Fernanda, incluso habría minimizado su estado tras la operación, pese a que la menor ya presentaba signos de trauma neurológico y vómitos con sangre.
Ante la gravedad de ambos casos, familiares de las víctimas y colectivos ciudadanos exigen a las autoridades sanitarias y judiciales investigar a la clínica, deslindar responsabilidades y evitar que más pacientes sean expuestos a riesgos por posibles prácticas irregulares.