Desde el jueves 5 de noviembre entró en vigor en México la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada un día antes, el miércoles 4 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de impulsar el uso de transferencias bancarias, tarjetas y otros medios electrónicos en establecimientos comerciales y trámites gubernamentales.
La legislación, promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece nuevas disposiciones para modernizar las operaciones financieras y reducir gradualmente la dependencia del dinero en efectivo en determinados sectores económicos.
Uno de los cambios más relevantes es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá la facultad de definir las actividades en las que los pagos electrónicos podrán convertirse en la única modalidad aceptada, aunque su aplicación dependerá de la publicación de reglas específicas y periodos de transición.
¿Qué establece la nueva legislación?
El decreto contempla 22 artículos y cinco disposiciones transitorias, mediante los cuales se busca fortalecer la utilización de herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (Dimo).
También promueve el uso de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas, códigos QR y tecnologías de pago sin contacto, con la finalidad de facilitar las operaciones entre ciudadanos, empresas e instituciones.
Entre las novedades se encuentra el reconocimiento de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como herramientas de identificación para contratar servicios financieros a distancia, lo que permitirá simplificar determinados trámites sin necesidad de acudir presencialmente a una sucursal bancaria.
Asimismo, el Banco de México podrá establecer disposiciones para mejorar el funcionamiento de las aplicaciones financieras y facilitar que las terminales de punto de venta incorporen mecanismos de cobro mediante códigos QR.
Hacienda tendrá 15 días hábiles para definir los sectores
De acuerdo con las disposiciones transitorias, la Secretaría de Hacienda contará con un plazo de 15 días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la ley, para determinar los sectores estratégicos y actividades económicas donde podrían establecerse pagos exclusivamente electrónicos.
Una vez definidos, las autoridades correspondientes dispondrán de otros 15 días hábiles para emitir las reglas administrativas que establezcan las condiciones, obligaciones y plazos para su implementación.
Entre las actividades que han sido mencionadas como posibles candidatas para una transición hacia pagos digitales se encuentran las gasolineras y las casetas de peaje. Sin embargo, todavía no existe una determinación definitiva que obligue a estos establecimientos a rechazar el efectivo de manera inmediata.
¿Desaparecerán los billetes y monedas en México?
La entrada en vigor de la legislación no significa que el dinero en efectivo dejará de circular ni que todos los negocios estarán obligados a aceptar únicamente tarjetas o transferencias.
Los billetes y monedas continuarán utilizándose en las operaciones cotidianas, mientras las autoridades determinan qué sectores estarán sujetos a disposiciones especiales.
La ley también contempla excepciones para situaciones extraordinarias, como fallas en los sistemas electrónicos o problemas de conectividad que impidan realizar transacciones digitales. En esos casos, podrán utilizarse medios alternativos de pago bajo las condiciones establecidas.
Cambios también alcanzarán a trámites gubernamentales
Las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal deberán realizar las acciones necesarias para incorporar medios de pago digitales en los servicios y trámites que ofrecen a la población.
La medida busca facilitar el cumplimiento de obligaciones y disminuir la necesidad de realizar operaciones presenciales con efectivo.
No obstante, uno de los principales desafíos será garantizar que las personas sin acceso a servicios bancarios, dispositivos electrónicos o conexión a internet no queden excluidas de las actividades económicas y los servicios públicos.
Con la nueva legislación ya vigente, el siguiente paso corresponderá a la Secretaría de Hacienda, que deberá establecer los sectores donde se aplicarán las nuevas disposiciones.
Por ahora, los ciudadanos pueden continuar utilizando efectivo en sus compras y pagos habituales, mientras se definen las reglas que determinarán dónde y bajo qué condiciones podrán exigirse exclusivamente medios electrónicos.
