Durango se debate una iniciativa para crear un impuesto municipal dirigido a ciertos comercios por el uso de accesos vehiculares que ocupan espacio originalmente destinado a la banqueta. La medida fue planteada por la regidora Nancy Stephanie García Manley como un mecanismo de financiamiento para la eventual Dirección Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad.
La propuesta aún no ha sido aprobada y se encuentra en análisis dentro del Cabildo de Durango como parte del proceso de integración de la Ley de Ingresos 2026. El planteamiento ha generado inquietudes tanto entre asociaciones de personas con discapacidad como en cámaras empresariales, debido a dudas sobre su alcance, aplicación y beneficios reales en materia de inclusión.
De acuerdo con la iniciativa, los establecimientos de mayor escala —como tiendas de conveniencia, farmacias y bancos— pagarían una cuota anual por cada acceso vehicular o cajón de estacionamiento que ocupe espacio de la banqueta. La estimación oficial señala que alrededor de 300 comercios podrían verse afectados, con un cobro cercano a los 5 mil pesos por cada cajón al año, lo que permitiría una recaudación aproximada de 7 millones de pesos anuales.
Según la regidora proponente, los recursos obtenidos se destinarían a la creación y operación de la Dirección Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, con el objetivo de fortalecer servicios públicos y programas enfocados en la inclusión social dentro del municipio.
No obstante, organizaciones de personas con discapacidad han manifestado su rechazo al mecanismo de financiamiento, al considerar que el impuesto podría interpretarse como una carga injusta y un factor que divide al sector, cuando el objetivo debería ser promover la cohesión social y la inclusión. Asimismo, señalaron que no han sido incluidas formalmente en las discusiones de la comisión correspondiente, pese a tratarse de un tema que les concierne directamente.
A estas críticas se han sumado cámaras empresariales, como la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), que han expresado su desacuerdo con la propuesta al considerarla una carga adicional para los comercios, sin que exista certeza de que el recurso recaudado se traduzca en beneficios concretos para la inclusión de personas con discapacidad.
La iniciativa continúa en análisis dentro del proceso legislativo municipal y será el Cabildo de Durango quien determine si se integra o no a la Ley de Ingresos 2026, así como las condiciones finales de su aplicación.