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    Confirman ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya y exfuncionarios de Sinaloa

    El Gobierno de México confirmó la existencia de una ficha roja de Interpol contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, derivada de una orden de aprehensión emitida por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la alerta internacional también alcanza a otros exfuncionarios y colaboradores relacionados con la administración estatal sinaloense, quienes son investigados por autoridades estadounidenses.

    De acuerdo con la información dada a conocer, las acusaciones fueron presentadas por fiscales del Distrito Sur de Nueva York y están relacionadas con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, además de posibles delitos relacionados con tráfico de drogas, conspiración y operaciones vinculadas con armas.

    La mandataria federal señaló que la ficha roja permite alertar a corporaciones policiales internacionales para la localización y posible detención provisional de las personas señaladas en caso de salir del territorio mexicano.

    El caso ha generado fuerte impacto político y mediático luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia temporal a su cargo a inicios de mayo, mientras avanzan las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.

    En las últimas semanas también se han reportado indagatorias financieras, bloqueos de cuentas y procesos judiciales relacionados con exfuncionarios cercanos al exmandatario estatal, algunos de los cuales ya enfrentan procesos ante autoridades estadounidenses.

    La situación mantiene tensión política en Sinaloa y ha generado diversas reacciones dentro del ámbito nacional, especialmente por el alcance internacional de las investigaciones y las implicaciones legales que podrían derivarse en los próximos meses.

    El Gobierno de México reiteró que las investigaciones corresponden a autoridades estadounidenses y que cualquier procedimiento deberá desarrollarse conforme a derecho y con base en las pruebas presentadas dentro de los procesos judiciales abiertos.

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