La implementación de un nuevo método para calcular el Impuesto Predial en el municipio de Durango ha generado una ola de descontento entre los contribuyentes, quienes han iniciado una campaña de recolección de firmas para exigir su reversión.
El conflicto surge tras la aprobación, por parte del Ayuntamiento y diputados locales, de un cambio en la fórmula de cálculo que entrará en vigor en el ejercicio fiscal 2026. Se abandona el modelo anterior—que aplicaba una tasa fija proporcional al valor catastral de la vivienda—por uno basado en una tabla de rangos con cuotas fijas más un porcentaje sobre el excedente.
Este nuevo esquema ha resultado en incrementos abruptos para muchos ciudadanos, quienes reportan que, para 2026, podrían pagar hasta el doble por un inmueble que no ha tenido modificaciones. La crítica principal apunta a la falta de proporcionalidad: dos propiedades con valores catastrales muy similares pueden caer en rangos diferentes y, por tanto, tener cargas fiscales significativamente distintas.
Según análisis, este y otros ajustes tributarios le representarían al gobierno municipal ingresos adicionales superiores a los 600 millones de pesos en 2026.
La presión ciudadana se dirige ahora hacia regidores y diputados locales, exigiendo que reviertan el nuevo método. Paralelamente, se anticipa una oleada de recursos legales, por lo que la atención se centrará en los criterios que emita el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) al resolver los posibles juicios, particularmente en torno a los principios de equidad y progresividad tributaria.