La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, expusieron los antecedentes de un grupo empresarial que habría mantenido relaciones comerciales con organismos electorales durante casi tres décadas.
Las contrataciones de servicios y materiales electorales quedaron nuevamente en el centro de la discusión pública, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara la existencia de una red empresarial que, de acuerdo con el Gobierno federal, ha obtenido contratos por miles de millones de pesos durante los últimos 27 años.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que las operaciones de este grupo no comenzaron recientemente, sino que tienen antecedentes que se remontan a finales de la década de 1990, cuando diversas empresas comenzaron a participar como proveedoras de instituciones electorales.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una reconstrucción de la trayectoria de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, a quienes identificó como figuras centrales del entramado empresarial señalado.
Según la funcionaria, ambos iniciaron su trayectoria en el servicio público durante los años ochenta, dentro de la Secretaría de Gobernación, particularmente en áreas relacionadas con el Registro Nacional de Población.
Posteriormente, habrían desempeñado funciones en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde coincidieron con Juan Carlos Padilla Aguilar, funcionario al que Buenrostro atribuyó un papel importante en sus primeros años dentro de la administración pública.
De funcionarios públicos a proveedores electorales
La exposición gubernamental señaló que, tras su salida de las instituciones federales, los hermanos Hernández Casillas comenzaron a desarrollar actividades empresariales vinculadas con el suministro de materiales para procesos electorales.
Uno de los primeros antecedentes presentados corresponde a 1999, cuando la empresa Cartonera Plástica comenzó a participar en contrataciones electorales en el Estado de México.
Buenrostro recordó que en 2005 se registró una controversia por un contrato relacionado con estas empresas, episodio que, según su exposición, derivó en la renuncia de siete consejeros electorales estatales.
La funcionaria también indicó que entre 2012 y 2013 el grupo amplió sus actividades mediante la creación de nuevas compañías, lo que habría incrementado su presencia en el mercado de suministros electorales.
Señalan relaciones con antiguos integrantes del INE
Durante la presentación también se mencionaron vínculos políticos y profesionales de Juan Carlos Padilla Aguilar con antiguos funcionarios electorales.
Entre los nombres expuestos estuvieron Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina, quienes, de acuerdo con la información presentada, participan en distintas funciones dentro de la organización política SOMOS.
El Gobierno federal relacionó estos antecedentes con los cuestionamientos recientes sobre contrataciones del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Sheinbaum sostuvo que la reforma electoral de 2014 modificó la distribución de atribuciones dentro del sistema electoral, particularmente respecto de la designación de consejeros de los organismos públicos locales, y consideró necesario revisar cómo estos cambios pudieron influir en la concentración de decisiones.
No obstante, las coincidencias profesionales y la participación en organizaciones políticas no constituyen, por sí mismas, pruebas de irregularidades en la adjudicación de contratos.
Contratos y responsabilidades bajo revisión
Los señalamientos presentados por el Gobierno federal abren nuevas interrogantes sobre los mecanismos de contratación utilizados por las autoridades electorales, la competencia entre proveedores y los controles aplicados al ejercicio de recursos públicos.
La información expuesta deberá ser examinada por las instancias competentes para determinar si existieron conflictos de interés, beneficios indebidos o incumplimientos de la legislación.
Hasta el momento, los antecedentes descritos por las autoridades representan señalamientos e información presentada públicamente, sin que ello implique una determinación judicial de responsabilidad contra las personas mencionadas.
