Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel generaron cuestionamientos debido a los distintos criterios que ha expresado al referirse a personajes políticos señalados públicamente por presuntas irregularidades o posibles vínculos con actividades ilícitas.
Al ser cuestionada sobre el panista Ernesto Ruffo, la mandataria sostuvo que el exgobernador “ya está juzgado”, expresión que fue interpretada como una condena anticipada, pese a que la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales.
La postura contrastó con lo expresado anteriormente por Sheinbaum en defensa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuando pidió presentar pruebas ante los señalamientos formulados en su contra y cuestionó públicamente dónde se encontraban los elementos que acreditaran las acusaciones.
En el caso del exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, la presidenta recordó que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, invocando directamente el principio constitucional de presunción de inocencia.
Una posición similar adoptó frente a los señalamientos relacionados con Adán Augusto López Hernández, al señalar que para proceder debe haber pruebas y no únicamente dichos, versiones o suposiciones.
Las diferencias entre las respuestas han provocado críticas de sectores políticos y usuarios de redes sociales, quienes consideran que el criterio presidencial sobre la presunción de inocencia cambia dependiendo de la filiación política o de la cercanía del personaje involucrado con el movimiento gobernante.
Mientras que en algunos casos la presidenta exige pruebas y llama a respetar el debido proceso, en otros utiliza expresiones que pueden interpretarse como una determinación anticipada de culpabilidad, aun cuando no exista una sentencia firme públicamente conocida.
La controversia se desarrolla además en medio de nuevas tensiones entre México y Estados Unidos por las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre la operación de los grupos del narcotráfico en territorio mexicano.
Sheinbaum evitó confrontarse directamente con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Stephen Miller, quien aseguró que los cárteles controlan determinadas zonas del país y que la persistencia de delitos como homicidio, extorsión y secuestro evidencia fallas en el sistema político y judicial mexicano.
La mandataria afirmó que no entraría en debate con el funcionario y reiteró que existe coordinación con el gobierno de Donald Trump, bajo el principio de que cada país debe actuar dentro de su propio territorio.
También sostuvo que Estados Unidos debe atender sus problemas internos relacionados con el consumo y la distribución de drogas, así como el lavado de dinero vinculado con el narcotráfico.
Las declaraciones sobre Ruffo, Rocha Moya, Cuauhtémoc Blanco y Adán Augusto reabrieron así la discusión sobre la aplicación uniforme de la presunción de inocencia y la responsabilidad de las autoridades de evitar juicios anticipados desde el poder público.
