El gobierno de Estados Unidos concedió una prórroga de 45 días a las instituciones financieras mexicanas Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, luego de que el gobierno mexicano reportara avances significativos en su lucha contra el lavado de dinero. La medida extiende hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para que estas firmas se desvinculen del sistema financiero estadounidense.
La decisión fue anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU., que en junio había identificado a estas instituciones como vulnerables a ser utilizadas por redes del crimen organizado, particularmente en relación con el financiamiento del tráfico de fentanilo.
“El gobierno de México ha tomado medidas importantes, entre ellas la administración temporal de las instituciones afectadas y la implementación de controles más estrictos para prevenir operaciones ilícitas”, declaró Andrea Gacki, directora de FinCEN.
Estas acciones incluyeron la intervención regulatoria de las entidades señaladas, la mejora de sus sistemas de cumplimiento interno y la cooperación directa con autoridades financieras estadounidenses.
Alerta temprana e impacto en el sistema financiero
La inclusión de Intercam, CIBanco y Vector en una lista de instituciones de “preocupación primaria” bajo la Ley Patriota de EE. UU. generó una fuerte reacción en el sector bancario mexicano, incluyendo movimientos masivos de capital, cancelación de cuentas en el extranjero y revisión de estructuras fiduciarias.
En su comunicado, FinCEN detalló que la nueva prórroga tiene el propósito de facilitar una salida ordenada de sus operaciones con contrapartes estadounidenses, al tiempo que se monitorea el cumplimiento de los compromisos asumidos por México.
Cooperación internacional y presión bilateral
Este gesto de Washington también refleja una dinámica de presión bilateral que se ha intensificado en los últimos años, en el marco de la ofensiva estadounidense contra el tráfico de opioides. La ley contra el fentanilo permite aplicar sanciones financieras a actores y entidades vinculadas, directa o indirectamente, con operaciones de lavado o canalización de fondos ilícitos.
Desde México, autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han señalado que se mantendrán las auditorías y revisiones a las instituciones afectadas y que ya se prepara una nueva normativa para reforzar controles en fideicomisos y operaciones transfronterizas.
El futuro de las instituciones afectadas
Las tres instituciones analizan estrategias para preservar su viabilidad operativa. CIBanco, por ejemplo, maneja una cantidad importante de fideicomisos en el país, los cuales podrían requerir reestructuración o reasignación. Vector evalúa también una posible venta de activos, mientras que Intercam ha iniciado una reorganización interna de su plataforma tecnológica y de cumplimiento.
La prórroga representa, por ahora, un respiro temporal, pero también un llamado de atención para todo el sistema financiero mexicano respecto al nivel de escrutinio que enfrentará en el contexto del combate global al crimen organizado financiero.