La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la investigación por el caso de presunto huachicol fiscal relacionado con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no se limita a una sola persona, sino que abarca una red más amplia de empresarios y empresas presuntamente involucradas en el contrabando y distribución ilegal de combustibles.
Durante su conferencia matutina de este viernes 24 de julio, realizada en Cuernavaca, Morelos, la mandataria informó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las investigaciones y que existen más personas y compañías vinculadas con la empresa Ingemar, señalada como el eje central del caso.
Sheinbaum indicó que, con base en las indagatorias de la FGR, el asunto no corresponde a un hecho aislado, sino a una estructura que presuntamente operaba mediante diversas empresas para facilitar el tráfico, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, además de simular operaciones para justificar la transferencia de los petrolíferos.
De acuerdo con la investigación, Ingemar habría importado combustible reportando volúmenes menores a los reales o clasificándolo de manera incorrecta con el propósito de evadir el pago de impuestos, entre ellos el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La presidenta señaló que la Fiscalía cuenta con numerosas pruebas y que las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados, así como las operaciones y los movimientos relacionados con el presunto esquema de huachicol fiscal.
El caso cobró mayor relevancia tras el aseguramiento de un tren con millones de litros de combustible y la vinculación a proceso de Ernesto Ruffo Appel y otros imputados por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.
Asimismo, las autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar la participación de otras empresas que, presuntamente, habrían integrado la red de distribución y comercialización del combustible de procedencia ilícita.
