Un reportaje publicado por el medio estadounidense Los Angeles Times y la organización periodística Puente News Collaborative reveló que autoridades de Estados Unidos mantienen investigaciones contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya, respectivamente, por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.
De acuerdo con la publicación, ambos mandatarios estatales habrían perdido sus visas estadounidenses desde el año pasado como parte de las indagatorias en curso. Sin embargo, el reportaje señala que continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial conocido como Significant Public Benefit Parole, mecanismo utilizado generalmente para personas cuya presencia es considerada de interés público para las autoridades.
Según fuentes citadas bajo condición de anonimato, la investigación contra Durazo estaría relacionada con presuntos nexos con organizaciones criminales que operan en Sonora, entidad considerada una de las principales rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El exsecretario de Seguridad federal no ha emitido una postura pública sobre estas nuevas acusaciones.
En el caso de Américo Villarreal, la investigación estaría vinculada a operaciones de tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol. El gobernador de Tamaulipas rechazó los señalamientos y aseguró a los periodistas que las acusaciones en su contra son falsas.
El reportaje también menciona que el gobierno estadounidense ha intensificado en los últimos años las investigaciones contra funcionarios públicos y actores políticos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, ampliando el enfoque que anteriormente se concentraba principalmente en líderes de cárteles.
Asimismo, se señala que durante una reunión celebrada en mayo entre autoridades de Estados Unidos y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se abordó el tema de investigaciones contra políticos mexicanos. De acuerdo con la publicación, la mandataria expresó que cualquier proceso relacionado con funcionarios electos debe resolverse conforme a las leyes mexicanas y advirtió sobre posibles interpretaciones de injerencia política en asuntos internos del país.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer cargos formales contra los gobernadores mencionados, mientras que las investigaciones continúan bajo reserva.