El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), envió una nota diplomática al Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar las pruebas que sustenten las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La medida fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó públicamente la solidez de la información presentada por autoridades estadounidenses. “¿Qué pruebas tienen?”, expresó, al señalar que los documentos conocidos hasta ahora carecen de elementos suficientes para proceder legalmente en México.
De acuerdo con lo informado, la solicitud de la SRE se realizó tras una consulta con la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que también determinó que la documentación enviada no acredita la urgencia requerida ni contiene pruebas contundentes que justifiquen una detención provisional con fines de extradición.
El caso se originó luego de que autoridades de Estados Unidos presentaran una acusación formal contra Rocha Moya —quien solicitó licencia a su cargo como gobernador de Sinaloa—, así como contra otros funcionarios, por delitos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas, presuntamente vinculados al crimen organizado.
El Gobierno mexicano ha reiterado que no protegerá a ninguna persona involucrada en actividades ilícitas, pero subrayó que cualquier acción debe sustentarse en pruebas fehacientes y conforme al marco legal nacional, además de respetar la presunción de inocencia.
Asimismo, se advirtió que la difusión pública del caso podría haber vulnerado la confidencialidad del proceso, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países mientras continúan las gestiones para el intercambio de información.