El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al secretario general António Guterres remitir de forma urgente a la Asamblea General la situación de desapariciones forzadas en México, con el objetivo de que se evalúen medidas internacionales para apoyar en la prevención, investigación y erradicación de este delito.
La petición se da en medio de una crisis que supera los 133 mil casos de personas desaparecidas en el país. El organismo internacional concluyó que existen “indicios bien fundados” de que este fenómeno podría constituir crímenes de lesa humanidad, señalando posibles vínculos entre autoridades y grupos delictivos en distintos niveles.
El informe se sustenta en información de organismos internacionales de derechos humanos, que documentan patrones como detenciones ilegales por parte de autoridades, uso de recursos públicos en los hechos y presunta colusión con el crimen organizado. También se mencionan casos recientes que evidencian fallas en investigaciones y procesos forenses.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el informe, calificándolo de “parcial y sesgado”, al considerar que omite avances institucionales recientes y se basa en información correspondiente principalmente al periodo de 2007 a 2019. El Gobierno federal sostuvo que no tolera ni promueve desapariciones forzadas y atribuyó el fenómeno a la violencia generada por organizaciones criminales.
La administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha defendido que se han impulsado reformas y acciones coordinadas con colectivos de familiares para atender la problemática, además de reiterar su disposición a la cooperación internacional, aunque bajo criterios que reflejen la realidad actual del país.
No obstante, el comité de la ONU consideró que, pese a ciertos avances, las acciones implementadas han sido insuficientes, al persistir altos niveles de impunidad, deficiencias en investigaciones, crisis forense y falta de apoyo efectivo a familiares de víctimas.
Aunque el organismo no encontró evidencia de una política estatal generalizada para cometer desapariciones forzadas, sí señaló la existencia de casos documentados en los que funcionarios públicos habrían participado directa o indirectamente, o actuado con consentimiento o apoyo.