La reciente tragedia en Ciudad Juárez, donde fueron hallados 383 cuerpos sin incinerar en un crematorio irregular, ha reavivado el debate sobre la dignidad post mortem y el deber del Estado de garantizar el respeto a los derechos humanos, incluso después de la muerte.
En este contexto, cobra relevancia el informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril de 2024. Bajo el título “Protección de los muertos”, el documento subraya la necesidad de establecer principios rectores basados en los derechos humanos para la protección de los cuerpos de las personas fallecidas, instando a los Estados a nivelar los distintos grados de protección otorgados por el derecho internacional.
“Las obligaciones de proteger y respetar a los muertos son parte integral de los derechos humanos”, señala el informe del Relator, quien llama a erradicar las prácticas desiguales y negligentes que perpetúan el dolor y la incertidumbre de las familias.
En sintonía con este enfoque, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigieron al Estado mexicano realizar una investigación eficaz, imparcial y respetuosa de la dignidad de las víctimas. Ambas instancias hicieron hincapié en que este caso no puede ser tratado como una simple irregularidad administrativa, sino como una violación grave a derechos fundamentales.
El informe internacional aporta un marco legal y ético que fortalece la exigencia de justicia en Ciudad Juárez. En un país con más de 50,000 cuerpos no identificados, la responsabilidad de las autoridades va más allá de sancionar: se trata de reconstruir la dignidad, ofrecer verdad a las familias y evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.