La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las víctimas de daños ocasionados por posibles irregularidades gubernamentales no están obligadas a demostrar las fallas de la autoridad para acceder a la justicia y a una reparación integral.
La resolución deriva de un caso relacionado con un incidente de cableado eléctrico en el que dos personas sufrieron descargas que les provocaron diversas lesiones.
Las víctimas promovieron una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado ante la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, la solicitud fue desechada inicialmente por falta de acreditación de una actividad administrativa irregular.
Posteriormente, tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un tribunal colegiado confirmaron dicha determinación, al considerar que las personas afectadas no habían probado irregularidades en la actuación de la Comisión Federal de Electricidad.
Al analizar el caso, la Suprema Corte estableció que corresponde al ente público demostrar la regularidad de su actuación administrativa, especialmente cuando cuenta con mayor acceso a información técnica y documental necesaria para esclarecer los hechos.
El máximo tribunal del país advirtió que exigir a las víctimas acreditar las fallas del Gobierno desnaturaliza el carácter objetivo y directo de la responsabilidad patrimonial del Estado y obstaculiza el derecho de acceso a la justicia.
La SCJN concluyó que el tribunal colegiado se apartó de los criterios constitucionales al trasladar a las víctimas la obligación de demostrar que las instalaciones eléctricas no cumplían con las normas de seguridad aplicables.
Por ello, la Corte revocó la sentencia impugnada y ordenó devolver el expediente al tribunal colegiado para que emita una nueva resolución conforme a los principios constitucionales sobre distribución de cargas probatorias en casos de responsabilidad patrimonial del Estado.