México pidió a Estados Unidos aclarar si agentes suyos participaron sin aviso en la captura de capo mexicano. El contraste es que aquí nunca fue detenido el histórico líder del Cártel de Sinaloa
Ciudad de México.
El reclamo del Gobierno de México a Estados Unidos por la posible participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada abrió un nuevo frente de tensión diplomática, pero también reactivó una discusión interna: durante los años de la llamada Cuarta Transformación, las autoridades mexicanas no lograron detener al histórico líder del Cártel de Sinaloa, quien terminó bajo custodia estadounidense tras un episodio todavía rodeado de versiones contradictorias.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a Estados Unidos aclarar las condiciones en las que fue capturado Zambada García, luego de que el FBI se atribuyó recientemente el aseguramiento de la avioneta en la que el capo fue trasladado desde México hacia Nuevo México en julio de 2024, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La inconformidad mexicana se centra en conocer si alguna agencia estadounidense participó en el operativo sin informar al Gobierno de México, lo que para la administración federal representaría una posible violación a tratados internacionales, a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, el caso también exhibe que, pese a los años de presencia y operación de Zambada en territorio nacional, el gobierno mexicano no concretó su captura.
El titular de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, informó durante la conferencia matutina que se pidió formalmente a las autoridades estadounidenses explicar cómo ocurrió la detención. La solicitud se produce casi dos años después de que El Mayo fue asegurado en Estados Unidos y después de que él mismo sostuvo que fue secuestrado y entregado por Guzmán López.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que desde la administración anterior se pidieron detalles sobre la posible participación de agencias estadounidenses, pero que la información no ha sido entregada.
La mandataria cuestionó si el entonces embajador Ken Salazar mintió cuando aseguró, el 9 de agosto de 2024, que ninguna agencia de Estados Unidos intervino en la captura, o si ahora es incorrecta la atribución hecha al FBI.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que, de confirmarse una operación del FBI sin aviso a México, habría una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional.
El señalamiento colocó el caso en el terreno diplomático, aunque la captura no fue resultado de una acción directa de las autoridades mexicanas.
Sheinbaum también cuestionó los posibles acuerdos de autoridades estadounidenses con integrantes de la delincuencia organizada, luego de que se mencionara el ingreso a Estados Unidos de 17 familiares de El Chapo en 2025 y la cooperación de miembros de esa familia con la justicia norteamericana.
“Se hace la pregunta ¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?, porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada”, señaló.
El caso se complicó aún más por las declaraciones hechas en una audiencia de Joaquín Guzmán López en diciembre de 2025, en la que se reveló que el hijo de El Chapo cometió un secuestro al entregar a Zambada a las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con esa versión, El Mayo fue engañado para acudir a una finca en las afueras de Culiacán, donde fue encerrado, esposado y trasladado en una camioneta hasta una avioneta.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Guzmán López actuó con la expectativa de recibir beneficios por cooperar, aunque negaron haberlo motivado a cometer el secuestro o haberle ofrecido crédito por entregar a Zambada. Pese a ello, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López colaboran como testigos cooperantes en Estados Unidos.
Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República revisan las posibles implicaciones legales y diplomáticas, el caso mantiene abierta una doble lectura: México reclama una eventual intervención irregular del FBI, pero El Mayo, uno de los narcotraficantes más buscados durante décadas, no fue detenido por las autoridades mexicanas, sino que terminó en manos de Estados Unidos tras una entrega marcada por denuncias de secuestro, cooperación criminal y versiones oficiales encontradas.
