La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclaró que no recomendó el nombramiento del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, luego de que el exfuncionario fuera detenido en Estados Unidos y enfrentara un proceso judicial por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que los gobiernos estatales son autónomos en la designación de sus funcionarios y que la participación de la dependencia se limita a emitir opiniones sobre la trayectoria profesional de los perfiles cuando así se les solicita.
El señalamiento surgió después de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, fuera detenido en territorio estadounidense y presentado ante una corte federal en Nueva York por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
Trevilla Trejo precisó que Mérida Sánchez concluyó toda relación laboral con las Fuerzas Armadas en 2022, año en que pasó a situación de retiro, por lo que actualmente no forma parte de la estructura de la institución militar.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, el exfuncionario es investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”. Documentos judiciales señalan que habría recibido pagos ilícitos a cambio de facilitar operaciones de la organización criminal y brindar protección institucional.
Gerardo Mérida Sánchez cuenta con una amplia trayectoria militar. Fue general de División y ocupó diversos cargos dentro de las Fuerzas Armadas, entre ellos comandante de zonas militares en Puebla y Michoacán, agregado militar de México en Chile y director de la Escuela Militar de Inteligencia.
En septiembre de 2023 asumió la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, cargo que dejó en 2024 en medio de la crisis de violencia que enfrentaba la entidad.
Según información de autoridades estadounidenses, Mérida Sánchez fue arrestado en Arizona y posteriormente trasladado a una prisión federal en Brooklyn, Nueva York. El pasado 1 de junio compareció ante una corte federal en Manhattan, donde inició formalmente el proceso judicial en su contra.
Durante la audiencia, la jueza encargada del caso fijó el 4 de agosto como fecha para la siguiente comparecencia, debido al volumen de evidencia que deberá ser revisada por la Fiscalía y la defensa antes de continuar con el procedimiento.
Mientras avanzan las investigaciones, la Sedena reiteró que el caso corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales y judiciales competentes tanto de México como de Estados Unidos.