El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una nueva controversia, luego de que aproximadamente cinco mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana convocaran a un paro nacional para el próximo lunes 9 de noviembre, en protesta por los bajos salarios, las extensas jornadas laborales y las condiciones en las que desempeñan sus funciones.
La movilización podría afectar las actividades de alrededor de 800 módulos de credencialización en el país, donde diariamente miles de ciudadanos acuden para tramitar, renovar o actualizar su credencial para votar.
De acuerdo con las denuncias de los trabajadores, algunos empleados perciben salarios mensuales de aproximadamente 9 mil 600 pesos, pese a cumplir jornadas que pueden extenderse hasta 12 horas, además de enfrentar dificultades relacionadas con la falta de insumos, equipos deteriorados y tiempos insuficientes para descansar o consumir alimentos.
Reclamos salariales comenzaron desde diciembre de 2025
La inconformidad laboral no es reciente. Representantes de los trabajadores aseguran que desde diciembre de 2025 solicitaron mejoras en sus condiciones de trabajo, entre ellas un incremento salarial del 25%, sin que hasta ahora se haya concretado una solución definitiva.
Los empleados sostienen que sus responsabilidades son fundamentales para el funcionamiento del sistema electoral mexicano, pues mantienen contacto directo con la ciudadanía y realizan los procedimientos necesarios para la expedición de las credenciales para votar.
Sin embargo, consideran que las condiciones salariales actuales no corresponden con las cargas de trabajo ni con las responsabilidades que desempeñan.
Ante la falta de acuerdos, los inconformes convocaron a una suspensión nacional de actividades para el lunes 9 de noviembre, aunque su realización dependerá de los resultados del diálogo con las autoridades electorales.
Cuestionamientos por contratos millonarios durante la gestión de Guadalupe Taddei
El conflicto laboral surge en medio de cuestionamientos públicos relacionados con contratos millonarios y presuntas irregularidades administrativas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral.
Las controversias sobre el manejo de recursos y la contratación de servicios han generado señalamientos sobre las prioridades presupuestales del organismo, particularmente ante las exigencias de mejoras salariales por parte del personal operativo.
Entre los cuestionamientos se encuentra la necesidad de esclarecer los criterios utilizados para la asignación de contratos y determinar si existieron irregularidades en los procedimientos administrativos.
No obstante, los señalamientos sobre presuntos favoritismos o actos de corrupción deben distinguirse de responsabilidades legalmente acreditadas, pues requieren investigaciones y resoluciones de las autoridades competentes.
INE reconoce inconformidades y analiza alternativas presupuestales
Ante la convocatoria al paro, el Instituto Nacional Electoral emitió un posicionamiento el sábado 7 de noviembre, en el que reconoció las preocupaciones expresadas por el personal de los Módulos de Atención Ciudadana.
El organismo informó que se encuentra analizando alternativas presupuestales que permitan atender las demandas laborales y mejorar las condiciones de sus trabajadores.
Sin embargo, hasta ese momento no se había anunciado un incremento salarial específico ni un acuerdo definitivo que garantizara la cancelación de la movilización.
La respuesta institucional se produce después de varios meses de solicitudes por parte de los empleados, quienes mantienen su exigencia de contar con mejores remuneraciones y condiciones laborales.
Paro podría afectar trámites de credenciales para votar
De concretarse la suspensión de actividades, cientos de módulos podrían registrar interrupciones en sus servicios, lo que afectaría a ciudadanos que tengan programadas citas para tramitar o recoger su credencial para votar.
Entre los procedimientos que podrían verse afectados se encuentran las inscripciones al padrón electoral, renovaciones, reposiciones y actualizaciones de datos personales.
Hasta ahora, no se ha confirmado que la totalidad de los módulos suspenderá operaciones, por lo que el alcance de la movilización dependerá de la participación de los trabajadores y de los posibles acuerdos que se alcancen antes del lunes.
La situación representa un desafío para las autoridades electorales, que deberán atender las demandas del personal sin comprometer la continuidad de los servicios que presta el instituto.
Mientras se aproxima la fecha anunciada para el paro, permanece abierta la discusión sobre las condiciones laborales de quienes operan los módulos de atención ciudadana, así como sobre la transparencia y las prioridades en el ejercicio de los recursos públicos del organismo electoral.
