Por primera vez, un tribunal federal en México estableció jurisprudencia que permite a los jueces utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) en sus procesos, siempre y cuando se cumplan principios éticos y de respeto a los derechos humanos.
El fallo, aprobado por unanimidad por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de México, a propuesta del magistrado Juan Jaime González Varas, reconoce que la IA puede emplearse únicamente para automatizar tareas administrativas, especialmente aquellas relacionadas con cálculos matemáticos que forman parte de las resoluciones judiciales.
La sentencia se originó a raíz de una queja contra la forma en que un juez de Distrito fijó una garantía para registrar una demanda de amparo, con el fin de evitar la venta de inmuebles en litigio. En el análisis, el tribunal advirtió que en México aún no existe regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales, por lo que retomó criterios de organismos internacionales, entre ellos los principios establecidos por la UNESCO.
De esta manera, los jueces deberán observar al menos cuatro lineamientos fundamentales al recurrir a estas herramientas:
• Proporcionalidad e inocuidad: usar la IA únicamente con fines legítimos, como facilitar cálculos numéricos.
• Protección de datos: no introducir información personal de los expedientes y limitar su uso a valores numéricos públicos.
• Transparencia y explicabilidad: explicar cómo se usó la IA, con qué propósito y qué resultados se obtuvieron.
• Supervisión y decisión humanas: mantener el criterio judicial como rector, sin que la IA sustituya la decisión del juez.
“La presente sentencia pretende ser un referente y recomendación en la adopción de mejores prácticas de administración de justicia, utilizando la inteligencia artificial de manera ética y responsable”, señala la resolución.
Al convertirse en jurisprudencia, esta decisión será obligatoria para todos los jueces del país. Cada vez que se utilice la IA como herramienta auxiliar en la elaboración de una sentencia, el juzgador deberá citar esta jurisprudencia y aplicar los principios que establece.