El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que TV Azteca, empresa perteneciente al Grupo Salinas, deberá pagar 3,527 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un adeudo correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal 2009.
La sentencia, emitida con una votación dividida de dos magistrados a favor y uno en contra, rechaza el amparo solicitado por la televisora, al considerar que el SAT actuó conforme a la legalidad en sus determinaciones fiscales.
Fallo contundente, pero aún apelable
Aunque la resolución representa un revés para la compañía de medios de Ricardo Salinas Pliego, la vía jurídica aún no está cerrada. TV Azteca podría impugnar el fallo mediante un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial tras la resolución del tribunal colegiado.
Grupo Salinas acumula litigios por más de 74 mil millones de pesos
Este caso se suma a una serie de conflictos fiscales que el Grupo Salinas mantiene con el SAT. Tan solo en junio, Elektra, otra de sus empresas, perdió una disputa judicial por más de 4,000 millones de pesos, también relacionada con el ISR.
En total, el conglomerado empresarial enfrenta litigios fiscales por más de 74,000 millones de pesos, según información oficial del SAT, lo que convierte a Grupo Salinas en uno de los contribuyentes con mayores adeudos en disputa en México.
Contexto de presión fiscal
La administración federal ha intensificado en los últimos años su estrategia para recuperar adeudos fiscales de grandes corporaciones, entre ellas firmas del sector energético, financiero, comercial y de telecomunicaciones. El caso de TV Azteca representa uno de los litigios más relevantes por el monto involucrado y por tratarse de una empresa de alta visibilidad mediática.
Con este fallo, el Poder Judicial vuelve a respaldar la legalidad de los créditos fiscales reclamados por el SAT, en medio de un clima de creciente escrutinio sobre las prácticas fiscales de los grandes grupos empresariales del país.