Imponer un impuesto a la carne procesada y roja en México podría no solo reducir su consumo, sino también contribuir a mejorar la salud pública y combatir el cambio climático, según revela un estudio reciente publicado en la revista científica Plos One.
El análisis fue liderado por investigadoras de la Universidad de Edimburgo en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México. Los resultados sugieren que un aumento del 10% en el precio de la carne procesada se traduciría en una disminución del 8.3% en su consumo, mientras que una subida equivalente en la carne roja provocaría una reducción del 7.9%.
Estas proyecciones posicionan al impuesto como una herramienta potencialmente eficaz para modificar patrones alimentarios vinculados a enfermedades crónicas, como diabetes y afecciones cardiovasculares, además de reducir la presión ambiental derivada de la producción ganadera.
“El cambio climático ya está aquí, y no tenemos suficientes recursos para mantener la demanda global de carne”, advirtió Kaela Connors, autora principal del estudio, en entrevista con EFE. Connors subraya que los impuestos pueden ser una vía rentable para promover dietas más saludables y sostenibles.
El estudio también destaca que los hogares con menores ingresos serían los más sensibles a los cambios de precio, aunque ya presentan niveles más bajos de consumo de carne. Sin embargo, tienden a reemplazarla con opciones nutritivas y tradicionales como legumbres, vegetales o mariscos.
Para evitar impactos negativos en sectores vulnerables, los investigadores proponen que parte de la recaudación por este impuesto se destine a subsidios o vales alimentarios, con el objetivo de asegurar el acceso a opciones saludables y económicas.
La propuesta se apoya en el precedente mexicano: en 2014, México fue el primer país en aplicar un impuesto a las bebidas azucaradas, medida que redujo su consumo y fue replicada en otros países. Además, en 2023, el país incluyó por primera vez criterios de sostenibilidad en sus Guías Alimentarias Nacionales, recomendando limitar el consumo de carne roja y evitar la carne procesada.
A diferencia de estudios anteriores, esta investigación no se limita al diagnóstico, sino que plantea una estrategia fiscal concreta para avanzar en políticas públicas integradas. Connors considera que el contexto actual —con iniciativas como la restricción de comida ultraprocesada en escuelas— es propicio para dar este nuevo paso en materia alimentaria.