Alma Dalila “N”, alias “La Lic.”, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, luego de ser señalada por presuntamente participar en exigencias de dinero a agricultores y ejidatarios a cambio del acceso al agua de riego.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), la investigación fue desarrollada por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) a partir de la denuncia de un ejidatario que trabaja una parcela del Ejido 6 de Octubre, perteneciente al Módulo de Riego número 5 de Brittingham, en Gómez Palacio.
Las indagatorias señalan que durante septiembre, octubre y noviembre de 2025, la imputada presuntamente realizó llamadas telefónicas a la víctima para exigirle diferentes cantidades de dinero relacionadas con el suministro de agua para sus cultivos.
Según la investigación ministerial, “La Lic.” habría asegurado que trabajaba para José Carmen “N”, alias “El Carmelo”, quien también se encuentra vinculado a proceso, y que tenía instrucciones de cobrar cuotas a agricultores y ejidatarios.
Las cantidades exigidas presuntamente alcanzaban los 20 mil pesos por hectárea de riego. La Fiscalía sostiene que quienes se negaban o no podían cubrir los pagos eran amenazados con perder el suministro de agua y con ser obligados a comercializar sus cosechas bajo condiciones establecidas por los señalados.
Uno de los episodios investigados ocurrió el 29 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:00 horas, cuando dos personas presuntamente llegaron hasta la parcela del afectado para reclamar el pago. Ante amenazas de causar daño tanto al ejidatario como a su hijo, la víctima habría entregado 15 mil pesos en efectivo.
A partir de las diligencias realizadas, la UECS reunió datos de prueba sobre la presunta intervención de Alma Dalila “N” en las llamadas y exigencias económicas dirigidas a usuarios del módulo de riego.
Tras analizar los elementos presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió vincularla a proceso por extorsión agravada y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGED informó además que mantiene abiertas otras investigaciones por hechos de características similares presuntamente relacionados con la imputada, por lo que llamó a quienes consideren haber sido víctimas a presentar la denuncia correspondiente.
La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria y la responsabilidad penal de la imputada deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.
