Autoridades de Estados Unidos presentaron cargos contra dos ciudadanos de Arizona por su presunta participación en el tráfico de armas hacia organizaciones criminales en México, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación federal, los implicados —identificados como Laurence Gray, propietario de una armería con licencia, y Barrett Weinberger— habrían facilitado la venta y suministro de armamento de alto poder entre febrero y junio de 2025.
Entre las armas involucradas se encuentran pistolas, rifles semiautomáticos y un rifle calibre .50, considerado de uso de alto impacto, el cual presuntamente sería entregado a integrantes del crimen organizado en territorio mexicano.
Las investigaciones señalan que los acusados participaron en un esquema de conspiración para proporcionar armamento, en algunos casos mediante intermediarios, con el objetivo de evadir controles y trasladar las armas hacia México.
El caso fue fortalecido tras una acusación adicional presentada por un gran jurado federal en marzo de 2026, en la que se incluyeron cargos por intento de brindar apoyo material a organizaciones catalogadas como terroristas por el gobierno estadounidense, lo que incrementa significativamente la gravedad de los delitos.
Autoridades indicaron que este tipo de operaciones ilícitas forman parte de redes de tráfico que aprovechan la cercanía fronteriza para abastecer a grupos criminales, los cuales utilizan armamento adquirido legalmente en Estados Unidos y posteriormente introducido de forma ilegal a México.
De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos relacionados con terrorismo y conspiración.
El caso refleja el endurecimiento de las acciones judiciales en Estados Unidos contra el tráfico de armas y su vínculo con la violencia generada por organizaciones criminales en México.