La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la llamada Reforma Judicial 2.0, iniciativa que contempla cambios en el proceso de elección judicial, modificaciones a las reglas de candidaturas y nuevas disposiciones para la evaluación de aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial.
La votación registró 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, con el respaldo de Morena y sus aliados legislativos.
Entre los puntos aprobados se encuentra el aplazamiento de la siguiente elección judicial hasta 2028, medida que, según legisladores impulsores de la reforma, busca evitar que el proceso coincida con las elecciones intermedias federales.
La reforma también plantea ajustes en el diseño de boletas, requisitos para candidaturas y mecanismos de evaluación de perfiles que aspiren a ocupar cargos judiciales.
Sin embargo, el punto que provocó mayor polémica fue la aprobación de una reserva que permitirá a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación buscar la reelección en 2028, situación que podría extender la permanencia de algunos integrantes hasta por 17 años en el cargo.
La propuesta fue impulsada por legisladores de Morena y generó divisiones incluso dentro del propio partido. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar criticó públicamente la medida y pidió retirar la reserva, al considerar que representaba un error político y una contradicción con el espíritu de la reforma judicial.
Durante la discusión en el pleno también se registraron señalamientos por presuntas irregularidades en la votación de la reserva. Legisladores de oposición acusaron que la Mesa Directiva rechazó realizar una votación electrónica por separado para definir el tema relacionado con la reelección de magistrados.
Además, diputadas denunciaron que algunas personas presentes en el recinto legislativo habrían participado en la votación económica a mano alzada sin formar parte de la Cámara, lo que provocó reclamos y exigencias para repetir el procedimiento.
La reforma forma parte del paquete de cambios impulsados por el gobierno federal para modificar la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, tema que ha generado un amplio debate político y jurídico en el país.
Tras su aprobación en San Lázaro, la iniciativa deberá continuar su proceso legislativo en el Senado de la República.