Chihuahua, Chih.– El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma al Código Penal y a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de garantizar la legítima defensa a mujeres que hayan sido previamente víctimas de violencia feminicida.
La iniciativa, conocida como “Ley Alina”, establece la adición de un tercer párrafo al artículo 28 del Código Penal del Estado, a fin de que se considere la legítima defensa cuando la víctima haya sufrido violencia extrema por parte de su agresor.
El dictamen fue presentado por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante de la Comisión de Feminicidios, quien explicó que también se modifica el artículo 6 de la legislación estatal para definir la violencia feminicida como la forma más extrema de violencia de género, la cual pone en riesgo la vida de mujeres, adolescentes y niñas.
De acuerdo con lo aprobado, este tipo de violencia deriva de la violación de derechos humanos y se manifiesta mediante conductas de odio, discriminación y agresiones que afectan la integridad, seguridad y libertad de las víctimas, pudiendo derivar en feminicidio o incluso suicidio.
Durante la exposición, se destacó que en México el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha sufrido al menos un episodio de violencia, según datos de la ENDIREH 2021. Asimismo, el INEGI reportó que en 2024 los Centros de Justicia para las Mujeres atendieron a más de 638 mil víctimas.
La legisladora subrayó que actualmente existen deficiencias en la aplicación de la justicia con perspectiva de género, lo que ha derivado en casos donde mujeres víctimas de violencia han sido criminalizadas.
Como ejemplo, recordó el caso de una joven de 19 años en Chihuahua, quien en 2015 fue víctima de agresiones por parte de su pareja. Durante un forcejeo, el arma del agresor se detonó, provocando su muerte. A pesar de ello, la joven fue sentenciada por homicidio, lo que generó indignación y llegó a instancias internacionales.
Con esta reforma, se busca que las autoridades realicen una valoración de pruebas con perspectiva de género, especialmente en casos donde la legítima defensa ocurra en contextos de violencia doméstica o relaciones abusivas.
Finalmente, se destacó que esta medida representa un avance en la protección de los derechos de las mujeres en Chihuahua, al reconocer el contexto de violencia que enfrentan muchas víctimas y evitar su revictimización en procesos judiciales.