El asesinato de dos trabajadores de la comunidad triqui en Oaxaca ha generado indignación y nuevas denuncias sobre la violencia que enfrentan estos pueblos originarios en la región.
De acuerdo con información difundida por el Movimiento Unificado de Liberación Triqui Independiente (MULTI), las víctimas fueron identificadas como Ismael López Ramírez y Joel Martínez Hernández, quienes se desempeñaban como albañiles. Ambos fueron atacados a balazos cuando se dirigían a su lugar de trabajo en un paraje conocido como “Loma del Águila”, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca.
Según el comunicado de la organización, tras el ataque armado los agresores incendiaron el vehículo en el que viajaban las víctimas, en un acto que calificaron como brutal y que, aseguran, refleja el nivel de violencia que persiste en la zona.
El MULTI atribuyó la agresión a un grupo paramilitar que, señalan, operaría bajo el mando de un individuo identificado como Antonio Ramírez y presuntamente vinculado con la familia Ortiz. De acuerdo con la denuncia, estos ataques tendrían como objetivo sembrar miedo entre la población y debilitar los procesos de organización comunitaria.
La organización subrayó que este hecho no sería aislado, sino parte de una estrategia sistemática para ejercer control territorial en la región triqui y someter a comunidades que buscan mantener su autonomía. Asimismo, acusaron una presunta omisión por parte de las autoridades, al permitir —según su postura— que estos grupos actúen con impunidad.
En respaldo a la comunidad triqui, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero condenó el doble homicidio y urgió a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar la reparación del daño a las víctimas indirectas.
El organismo también destacó que este ataque ocurre en un contexto sensible, en medio de mesas de diálogo entre representantes triquis y la Secretaría de Gobernación, así como durante la presencia de organismos internacionales en el país.
Hasta el momento, autoridades de Oaxaca no han emitido un posicionamiento detallado sobre estos hechos, mientras crece la exigencia de justicia y de condiciones de seguridad para las comunidades indígenas de la región.