La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender un citatorio relacionado con las investigaciones derivadas del operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades localizaron un presunto macro laboratorio clandestino de drogas.
La mandataria estatal llegó acompañada por diputados federales y figuras del Partido Acción Nacional, mientras que en el exterior de las instalaciones de la FGR se concentraron reporteros, fotógrafos y simpatizantes.
Las indagatorias federales se originaron tras el aseguramiento de miles de litros de sustancias químicas, toneladas de precursores y metanfetamina en un operativo efectuado en abril de 2026 en territorio chihuahuense. Posteriormente, el caso tomó relevancia nacional luego de que surgieran versiones sobre la presunta participación de agentes estadounidenses en las labores relacionadas con dicho operativo.
La FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer posibles responsabilidades, así como determinar si existió intervención de agentes extranjeros en territorio nacional sin autorización legal.
Desde el Gobierno de Chihuahua se ha sostenido que la administración estatal colaboró con las autoridades y que no existe evidencia de conductas ilícitas atribuibles a la gobernadora. Maru Campos ha señalado públicamente que enfrenta una persecución política derivada del contexto electoral y de las diferencias entre Morena y la oposición.
Por su parte, autoridades federales han insistido en que los citatorios forman parte de diligencias ordinarias de investigación y que, hasta el momento, no existen imputaciones formales en contra de la mandataria estatal.
La tensión política aumentó luego de que legisladores de Morena impulsaran acciones relacionadas con un posible juicio político, mientras que dirigentes y legisladores panistas manifestaron su respaldo a la gobernadora.
Entre las figuras que acudieron en apoyo a Maru Campos estuvieron el senador Ricardo Anaya, el diputado Germán Martínez y diversos representantes nacionales del PAN, quienes calificaron el caso como un acto de presión política.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró previamente que las investigaciones continúan en etapa de integración y que los citatorios emitidos por la FGR no representan acusaciones penales formales.