En el contexto de Chihuahua, legisladores de Morena en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa para sancionar con destitución e inhabilitación a servidores públicos que autoricen, faciliten o toleren la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional sin la autorización del Ejecutivo federal.
La propuesta fue impulsada por el diputado Juan Carlos Varela, quien planteó reformas a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control sobre la participación de personal extranjero en tareas de seguridad, investigación e inteligencia en México.
De acuerdo con el planteamiento, quedaría prohibido para autoridades estatales y municipales permitir cualquier tipo de colaboración con agentes de otros países si no existe una autorización expresa del gobierno federal. En caso de incumplimiento, las sanciones contemplan la separación inmediata del cargo y la inhabilitación máxima para ejercer funciones públicas.
La iniciativa surge tras la polémica generada por la presunta presencia de agentes de la CIA en operativos en Chihuahua, particularmente en el caso relacionado con el narcolaboratorio ubicado en “El Pinal”. A este contexto se suma el accidente carretero en el que perdieron la vida dos agentes estadounidenses, hecho que incrementó el debate sobre los alcances de la cooperación internacional en materia de seguridad.
El planteamiento ha abierto discusión en torno a si la reforma responde a un acto de defensa de la soberanía nacional o a una reacción política ante los acontecimientos recientes en la entidad. Mientras algunos sectores respaldan el endurecimiento de controles para evitar injerencias extranjeras, otros advierten posibles implicaciones en la coordinación bilateral en el combate al crimen organizado.
La iniciativa se encuentra en etapa de análisis legislativo.