El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, anunció la apertura de una investigación penal para determinar si agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) incurrieron en violaciones a la legislación estatal al presuntamente permitir que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Albuquerque entre 2023 y 2025.
La investigación surge tras revelaciones periodísticas que señalan que agentes de la DEA habrían optado por vigilar, en lugar de asegurar, diversos cargamentos del opioide sintético con el objetivo de fortalecer investigaciones y presentar casos penales de mayor alcance contra organizaciones del narcotráfico.
De acuerdo con testimonios de agentes y exagentes, entre ellos el denunciante David Howell, esta estrategia pudo haber puesto en riesgo la seguridad pública e incluso contravenir lineamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos diseñados para proteger a la población.
El fiscal Torrez afirmó que, aunque los agentes federales cuentan con protecciones legales en el ejercicio de sus funciones, “no están por encima de la ley”, por lo que solicitará documentos e información sobre las actuaciones de la DEA tanto en Nuevo México como a nivel nacional para determinar si existió un patrón de conducta temeraria o ilegal.
En una carta dirigida a la gobernadora Michelle Lujan Grisham, Torrez sostuvo que, de confirmarse las acusaciones, las consecuencias para los habitantes del estado fueron mortales, al recordar que Nuevo México se encuentra entre las entidades más afectadas por las muertes relacionadas con sobredosis de fentanilo.
Por su parte, el Departamento de Justicia informó que la DEA solicitó al organismo independiente de supervisión de esa dependencia realizar una revisión de los hechos. Agregó que, si la investigación detecta áreas de mejora, la agencia implementará los cambios necesarios y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades estatales y locales en el combate al tráfico de fentanilo.
Mientras tanto, el caso ha generado reacciones encontradas. Diversos funcionarios estatales y locales han manifestado su preocupación por las acusaciones, aunque representantes de organizaciones de familiares de víctimas de sobredosis han llamado a reconocer el trabajo que realiza la DEA en el combate al narcotráfico, señalando que las fuerzas del orden también pueden cometer errores durante sus operaciones.
