En una de las operaciones más significativas contra la trata de personas en lo que va del año, autoridades estatales y federales lograron rescatar a aproximadamente 700 personas que eran víctimas de explotación laboral en un rancho agrícola del municipio de Dolores Hidalgo.
La intervención fue coordinada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) en conjunto con la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, el DIF estatal y municipal, además de organismos de derechos humanos y protección infantil.
Habitaciones improvisadas y condiciones inhumanas
Durante el operativo, las autoridades descubrieron que los trabajadores eran mantenidos en condiciones precarias. En el lugar se habían instalado cuartos improvisados con literas para cuatro personas, aunque se identificaron casos en los que dormían más de dos adultos por habitación o incluso adultos con varios niños. Las imágenes difundidas por la FGE muestran numeraciones en las puertas y espacios reducidos, sin ventilación adecuada ni servicios básicos.
Los testimonios recabados y las primeras investigaciones indican que las víctimas, originarias de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, fueron trasladadas al rancho bajo engaños, con promesas de empleo. Ya en el lugar, eran obligadas a trabajar largas jornadas sin pago justo ni condiciones laborales dignas.
Inician carpeta por trata de personas
La FGE confirmó que se ha abierto una carpeta de investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Además, durante el operativo fue detenida una persona en posesión de sustancias ilegales, por lo que también se integró una investigación paralela por delitos contra la salud.
Las víctimas recibieron atención médica y psicológica, y se activaron los protocolos de asistencia por parte del DIF y otras instancias para su protección y posible retorno seguro a sus lugares de origen.
“Cero tolerancia”: FGE
La Fiscalía de Guanajuato emitió un mensaje público en el que reiteró su compromiso con una política de cero tolerancia a la trata de personas y exhortó a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con explotación laboral o condiciones de trabajo forzado.
El caso ha generado una fuerte reacción entre organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes exigen que se identifique y castigue a los responsables intelectuales y operativos detrás de este esquema de explotación.